Si bien es cierto que Sonora cuenta desde 2019 con un mecanismo fiscal de relevancia para el apoyo a la comunidad artística y cultural, como lo es el Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes (Eficas), los fondos y apoyos requeridos para atender las necesidades de dicha comunidad aún siguen siendo insuficientes.
En una serie de ejercicios estadísticos realizados por la instancia cultural del Estado entre 2016 y 2020, la comunidad artística presentó un promedio de 2,500 solicitudes de apoyo al año. Entre esas solicitudes se encontraban: compra de boletos de avión, apoyo en producción, impresión de materiales, adquisición de equipo, pago de colegiaturas, compraventa de boletos para funciones, apoyos en hospedaje y alimentación, entre otros. De haberse tenido las condiciones presupuestarias para atender el 100% de ellas, el Instituto Sonorense de Cultura hubiera ejercido como mínimo $22 millones de pesos cada año, lo que hubiera representado alrededor del 50% del gasto operativo anual como ampliación líquida directa a lo presupuestado. Las solicitudes de apoyo se registraban de manera directa a través de las diversas coordinaciones y dirección general. No se consideraban las solicitudes presentadas vía convocatorias, el propio estímulo fiscal, el programa de estímulos a la creación (Pecda) o las solicitudes de exención o descuento por el uso de los espacios culturales administrados por el instituto.
Teniendo claridad sobre ello, podemos visibilizar entonces el reto que implica atender las demandas de la comunidad cultural y la dimensión de los esfuerzos que se deben realizar si se desea cumplir con esta alta y necesaria exigencia. Es entonces cuando la fiscalidad de la cultura se vuelve una opción viable como mecanismo de recaudación o desfogue de necesidades desde un punto central: el recurso económico y los mecanismos a implementar para lograr una mayor recaudación.
Las opciones exploradas para incrementar la capacidad de apoyo desde la institución cultural, reiterando el periodo al que hacemos referencia (2016-2020), fueron muchas y muy variadas: desde la monetización de plataformas y eventos, el cobro de entradas, promoción y venta de materiales editoriales, aumento de cuotas por prestación de servicios culturales de la dependencia, plan para el mejoramiento de los ingresos propios, búsqueda y concreción de patrocinios, etcétera. Sin embargo, insisto, no fueron ni serán suficientes.
Hay dos propuestas que, escalando la burocracia estatal y legislativa, estuvieron a punto de concretarse pero que por circunstancias ajenas a la institución, como la pandemia, no se pudieron implementar: el impuesto o cuota de aportación por parte de casinos formalmente establecidos en Sonora, así como el replanteamiento del impuesto municipal o recaudación por permisos a los espectáculos, fiestas o convivencias para apoyar al desarrollo cultural y artístico de nuestro estado. Pero, ¿a qué se referían estas propuestas? Aquí una breve relatoría.
La Dirección de Salud Mental, para dirigir y atender a algunos infantes víctimas de problemas de ludopatía de padres y madres jugadores en casinos, remitía a los talleres de Casas de la Cultura a niñas y niños que requerían seguimiento y atención desde diversas prácticas formativas que ofrecía el ISC. Los casos no eran menores ni en poca cantidad. Había grandes problemas y eran con una frecuencia difícil de imaginar. Fue así como se estudió la posibilidad de que, a manera de una subvención responsable y empática con dichas víctimas, los casinos tuvieran una nueva carga impositiva o una cuota obligatoria para desarrollar una política pública que mitigara el problema y que, además, generara mayores ingresos para atender la alta demanda de apoyos por parte de la comunidad cultural. La iniciativa nunca prosperó.
Asimismo, se planteó la posibilidad para que los ayuntamientos y las direcciones de cultura municipal, tuvieran un mecanismo de financiamiento de actividades culturales mediante el aumento al costo de los permisos por espectáculos en cada ciudad. Es decir que, por cada baile popular, palenque, exposición ganadera, fiestas patronales, etcétera, los permisos que otorgara el Ayuntamiento consideraran una aportación obligatoria para dedicarla específicamente al apoyo de grupos artísticos y culturales de dichos municipios. La iniciativa tampoco prosperó: de los 72 municipios de Sonora, por lo menos 50, no tenían ninguna dirección, área o instituto para la gestión de la actividad cultural. Además, la falta de sensibilización y el temor por no asumir un riesgo ante la opinión pública, hizo que los ayuntamientos no exploraran esta posibilidad. Recuerdo que en su campaña como candidato independiente para la Alcaldía del Municipio de Cajeme en 2018, Rodrigo Bours Castelo fue el único que abiertamente propuso esta extraordinaria posibilidad para financiar a la actividad artística municipal y poder atender la alta demanda de apoyos desde lo local, equilibrando lo popular con una subvención para lo cultural.
La fiscalidad de la cultura, entonces, se vuelve cada vez de mayor relevancia: encontrar mecanismos que fomenten, ayuden, proyecten y atiendan las necesidades de las y los artistas desde el entramado hacendario. En Sonora, Musas es un ejemplo de ello; además de su colección formada por obras donadas al museo vía el Programa de Pago en Especie del SAT, gracias a un convenio con Secretaría de Hacienda estatal, también recibe aportaciones desde hace casi 10 años vía las licencias de automovilistas expedidas por la Agencia Fiscal. Eso se traducía, por lo menos hasta 2021, en poco más de $150 mil pesos mensuales para el propio museo exclusivamente.
¿Hay posibilidades de incrementar los ingresos y presupuestos en cultura? Sí. Hacerlo de manera permanente y con un enfoque de política púbica es la clave. Encontrar mecanismos hacendarios o fiscales para que la alta precariedad de la actividad cultural-gubernamental deje de serlo, requiere de claridad, sensibilidad, voluntad e inteligencia. Ojalá las autoridades puedan lograrlo.
¡Hasta pronto!
