Dura lex, sed lex. Así dice en latín la sentencia breve y doctrinal del Derecho, que se traduce como: la Ley es dura, pero es la Ley. Y en efecto, como está escrita la Ley es como debe de acatarse si se desea fervientemente un estado de derecho, donde prevalezca la justicia y la equidad.
Pero como el latín es lengua muerta y no hay nadie mejor que los mexicanos para eso de los muertos, Benito Juárez la ajustó a: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”.
Esa frase del Benemérito de las Américas implica la existencia de impunidad, y por eso nadie la usa en nuestros días –a menos que quiera arriesgarse a recibir un abucheo del público–; pero lo que sí se extendió en México fue eso de “a los amigos, justicia y gracia”, porque no podrá negar usted que es algo cotidiano.
Hoy todos hacen con la ley lo que quieren o buscamos evitar las sanciones que implica el evadirla. Se está convirtiendo en el modus operandi –modo de operar– de los mexicanos, sin sopesar el costo que esto conlleva.
Lo peor del asunto es cuando los responsables de velar por la aplicación de las leyes y sus reglamentaciones también las quebrantan. Casos de transgresiones a la Ley las encontramos en los tres niveles de gobierno, con la salvedad de que no son reconocidas como tales, sino como “interpretaciones diferentes de la Ley”.
Sin embargo, la lógica es simple: si la Ley dice que deben cumplirse tales o cuales requisitos para llevar a cabo algo, entonces se deben cumplir cabalmente; de lo contrario, se está fuera de la Ley. Así de sencillo.
Y los que votamos porque las cosas fueran diferentes, debemos sentirnos agraviados y desilusionados ante los acontecimientos en todos los órdenes donde la Ley debe imperar. El asunto de la licitación para el arrendamiento de camiones en Hermosillo, es un ejemplo de lo anterior.
Dice la presidenta municipal Célida López que al tratarse de recursos 100% municipales no se requiere ajustarse a lo contemplado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que es completamente cierto. Pero sí debe ajustarse a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que prevé la forma en cómo deben realizarse estos contratos de arrendamiento.
Esa ley, en su Art. 228 dice: “Los montos máximos y límites serán determinados por el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos”, y el Art. 245 dice: “El ejercicio del gasto público municipal, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que realicen las dependencias y las entidades paramunicipales, se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes acciones: I. Formalización de compromisos que signifiquen obligaciones con cargo a sus presupuestos autorizados”…
En resumen significa que debes tener el dinero aprobado por el Ayuntamiento (Cabildo) para realizar la licitación del arrendamiento que quieres contratar. ¿Así se hizo?
Si así dice la Ley ¿para qué hacerse tantas bolas con el asunto? ¿Por qué no aclararlo con la Ley en la mano en lugar de acusar falta de probidad o rigor periodístico?
¿No se supone que estábamos cansados de la opacidad de las autoridades que buscaban vericuetos a la Ley, y por eso elegimos la opción que brindara la oportunidad de contar con un mejor gobierno?
¿A quién se le olvidó esto, a ellos o a nosotros?
